Perú viene evaluando la incorporación del impuesto al carbono en la economía

Lograr una economía que busque reducir las emisiones de carbono a la atmósfera contribuye directamente a la lucha contra el cambio climático. El Perú es uno de los países más afectados por esta emergencia global y, a pesar de la pandemia por la COVID -19, los esfuerzos continúan frente a esta crisis.

En julio del 2016, el Gobierno de turno ratificó el Acuerdo de París para sumarse al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 2° C. Desde entonces, se han emprendido diversas acciones.

Ha presentado ante Naciones Unidas acciones tendientes a la descarbonización de nuestra economía, que son parte de la solución de este problema. En la actualidad, se viene trabajando para el desarrollo de energías renovables, electrificación del transporte, economía circular y soluciones basadas en la naturaleza.

El impuesto al carbono en escena

El impuesto al carbono (carbon tax) es un impuesto ambiental el cual se impone sobre la emisión del dióxido de carbono, y que busca reducir este compuesto en la atmósfera ya que es el gas de efecto invernadero más común, causante del calentamiento global y el cambio climático en el planeta.

Este impuesto desalienta las emisiones de contaminantes, haciendo pagar a los contaminadores en proporción a sus emisiones.

Asimismo, el precio al carbono se ha establecido como una herramienta que costea la contaminación provocada por los bienes y servicios. Es por ello que desde el Estado se evalúa su incorporación en las políticas públicas.

En Latinoamérica, países vecinos como Chile cuentan con políticas de impuestos a las emisiones desde el 2017. La recaudación resultante le permite fortalecer otros sectores, ya que destinan gran parte de este presupuesto a la educación.

Colombia también trabaja al respecto. El impuesto al combustible y a los mercados de carbono es empleado en el financiamiento de proyectos de adaptación al cambio climático o la protección de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

México, por su parte, cuenta con un impuesto al combustible, así como a los mercados de carbono. En este caso, todo lo recaudado es para el tesoro público del país.

En el Perú, si bien hubo algunos tímidos avances como el establecimiento de un precio social al carbono de 7.17 dólares la tonelada de CO₂e, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aún no se cuenta con un instrumento tributario ambiental como en los demás países de la Alianza del Pacífico mencionados anteriormente.

Emergencia ambiental y climática

Desde el propio Congreso de la República, a través una aprobación de una Moción de Orden del Día presentado este 16 de abril ante el pleno, los congresistas no solo exhortan al Poder Ejecutivo declarar el estado de emergencia ambiental y climática a nivel nacional, para así cumplir con metas asumidas en el Acuerdo de París, como el reducir en 40 % las emisiones contaminantes al 2030, sino que urgen al MEF a “elaborar una propuesta de ley para el establecimiento de un impuesto al carbono” direccionando su uso hacia la reversión de la deforestación.

Por otro lado, el congresista Alberto de Belaunde, presidente de la Comisión de Cambio Climático del Congreso, ha formulado y pasado a revisión y aportes el Proyecto de Ley 7501/2020-CR sobre la “Ley de Financiamiento para la protección de los bosques, reforestación nacional y recuperación económica”, donde también se propone la creación de un impuesto al carbono de los combustibles a través del impuesto selectivo al consumo.

Que este mecanismo de pago por externalidades causadas por las emisiones de carbono pueda llegar al Perú, es un hecho. La pregunta es cuándo llegará y si el contexto político en el que se presenta será el adecuado.